Tras 42 horas de negociaciones, los países miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre la reforma planteada de la Política Agrícola Común, conocida como la PAC. El acuerdo tuvo el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Letonia, Bulgaria y Rumanía. Esta reforma será la encargada de regular el campo europeo entre los años 2023 y 2027.

Con este acuerdo los ministros de Agricultura de los países de la UE dan el visto bueno a los tres pilares básicos de la reforma: los Planes Estratégicos Nacionales, la regulación sobre la financiación de las ayudas y la organización común de mercados.

Tras el acuerdo del Consejo, el Parlamento Europeo tiene previsto votar hoy el conjunto de la reforma. Posteriormente, el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo terminarán la negociación de los reglamentos, que debería que estar concluida a principios del próximo año, tras lo cual se procederá al proceso de aprobación de los reglamentos y los Estados deberán finalizar sus planes estratégicos nacionales que deberán ser aprobados por la Comisión Europea antes de su aplicación.

Esta reforma contará con 390.000 millones de euros de presupuesto europeo, de los cuales 47.724 irán destinados a los agricultores y ganaderos de nuestro país, una suma similar a la del periodo 2014-2020.  El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguró que se trata de una propuesta equilibrada que responderá a diferentes sensibilidades, aunque se trata de un planteamiento imperfecto pero muy bueno.

Una de las principales novedades son los “ecoesquemas”, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente. Los países han respaldado que sean obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para agricultores y ganaderos. Además, abogaron por destinar un 20% de los pagos directos a los “ecoesquemas”. El acuerdo ofrece flexibilidad a los estados miembros para su aplicación. Se trata de regímenes adicionales que se suman a la condicionalidad ‘verde’ obligatoria para acceder a la renta básica y también a las acciones ambientales del segundo pilar.

En este sentido, la nueva PAC marca como principales objetivos mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, impulsar el desarrollo de la energía sostenible y gestionar de manera eficiente los recursos existentes. También se ha puesto de manifiesto la contribución a mejorar los ecosistemas, a proteger la biodiversidad y preservar los hábitats y paisajes.

Por otra parte, hay que valorar que se haya incluido finalmente en el acuerdo la prolongación de los derechos de plantación de viñedo más allá de 2030 (fecha en la que expira el sistema actual) como pedían España y Francia.